La Ley 30-26 introduce alzas y cambios tributarios que, según economistas, encarecen costos operativos y afectan a hogares y a pequeños negocios. Expertos advierten que la TET y ajustes en retenciones podrían reducir la competitividad y empujar a más transacciones en efectivo. Voceros del sector económico piden revisar la pieza por sus efectos distributivos y fiscalizadores, y señalan la importancia de controlar el gasto público para que la reforma cumpla su objetivo sin castigar al bolsillo ciudadano.
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La Ley 30-26, conocida como plan anticrisis, ha generado críticas entre economistas por su posible efecto sobre los costos de empresas y hogares. Especialistas consultados consideran que, más allá de algunos elementos de simplificación, la pieza introduce alzas y nuevas cargas tributarias que pueden elevar precios, reducir la rentabilidad de negocios y encarecer la vida cotidiana. Uno de los aspectos cuestionados es la Tasa Efectiva de Tributación (TET), que se aplica a todos los sectores; según analistas, la estructura podría resultar en una proporción relativa mayor para pequeños negocios frente a grandes empresas. Asimismo, expertos señalan incrementos en tasas y retenciones y modificaciones a impuestos sobre transferencias y pagos que incrementan costos operativos. En particular, el texto legislativo menciona un aumento del impuesto de 1.5 a 2.0 por mil que, según economistas, añade presión a los costos bancarios y transaccionales. Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo de CREES, advierte que la medida afectará la rentabilidad, la inversión y los precios de bienes y servicios, con impacto directo en los hogares. También alerta sobre un posible efecto en la bancarización: mayores costos por transferencias pueden incentivar operaciones en efectivo. Otros analistas, como Andrés Dauhajre hijo, han calificado la norma con expresiones críticas por considerarla regresiva en algunos puntos. La economista Ellen Pérez Ducy reconoce que la ley introduce aumentos tributarios y plantea que, aunque sea preferible a un mayor endeudamiento externo, lo esencial será una revisión integral del gasto público. Pérez Ducy subraya la necesidad de justificar la reforma con recortes y eficiencia en el gasto, citando discrepancias entre las metas recaudatorias y partidas como publicidad gubernamental. Varios economistas piden una revisión pronta de la Ley 30-26 para corregir puntos que, en su juicio, restan competitividad al país y podrían encarecer la actividad económica. El debate público se centra ahora en equilibrar la búsqueda de recursos fiscales con medidas que no erosionen la formalidad, la inversión y el poder de compra de la población. Para noticias, denuncias, fotos y videos, comunícate con nosotros: redaccion@ocoadigital.com y WhatsApp +1 849-379-1939.

